Miguel Gadea aborda en Law and Trends los riesgos penales de directivos, el ‘compliance’ y la evolución de la criminalidad económica
El medio Law and Trends ha entrevistado a Miguel Gadea, founding partner y managing partner de Crimcore Counsel, para profundizar en algunos de los grandes retos que hoy afrontan las organizaciones en materia de Derecho Penal Económico, Compliance y gestión de riesgos.
En la conversación, Gadea repasa el contexto en el que nace Crimcore Counsel tras su salida de DLA Piper, reflexiona sobre la creciente exposición penal de altos cargos y directivos, y ofrece su visión sobre cuestiones de plena actualidad como la corrupcuón, la reforma procesal penal, los canales de denuncia o el avance de los delitos tecnológicos.
Crimcore Counsel nace con una apuesta por la especialización y la cercanía
Durante la entrevista, Miguel Gadea explica que el proyecto surge en un momento especialmente adecuado de su trayectoria profesional, tras haber desarrollado su carrera tanto en el ámbito público, como miembro de la Fiscalía, como en el sector privado, dentro de una firma internacional.
Esa doble experiencia es la que, a su juicio, permite impulsar una boutique penal con una propuesta de valor clara: asesoramiento altamente especializado, trato cercano con el cliente y un enfoque técnico de excelencia. En un mercado en el que conviven grandes firmas y despachos de nicho, Crimcore Counsel busca diferenciarse por su capacidad de ofrecer respuestas ágiles, estrategias a medida y una atención muy pegada a la realidad del cliente.
Gadea sitúa el crecimiento del área de Penal Económico en un contexto de mayor sensibilidad jurídica, económica y social ante los riesgos penales. En su opinión, la actualidad ha reforzado la presencia de estas materias en la agenda empresarial y mediática, lo que ha incrementado también la necesidad de contar con especialistas de primer nivel.
En este escenario, considera que las boutiques penales han ganado terreno porque aportan un plus de especialización y conocimiento técnico en asuntos complejos. Para muchas organizaciones, la vertiente penal ya no se percibe como una cuestión residual, sino como una parte esencial de la seguridad jurídica y de la estrategia de defensa y prevención.
Uno de los puntos más llamativos de la entrevista es la reflexión de Miguel Gadea sobre la posición de los altos directivos dentro de las compañías. Según explica, quienes ocupan puestos de máxima responsabilidad están expuestos a riesgos de muy distinta naturaleza: económicos, medioambientales, reputacionales o regulatorios, entre otros.
En este contexto, introduce la idea del llamado «mal de altura«, una expresión con la que alude al riesgo de que un directivo, por su posición en la cúspide de la organización, pierda visibilidad sobre lo que realmente sucede en los niveles inferiores de la estructura. Precisamente por eso, subraya la importancia de dotar a la empresa de procedimientos, controles y equipos capaces de detectar a tiempos posibles contingencias.
Para Gadea, la prevención pasa por construir organizaciones con filtros eficaces y herramientas adecuadas de supervisión, porque un directivo no puede asumir personalmente el detalle del día a día, pero sí debe asegurarse de que existen mecanismos sólidos para minimizar riesgos.
Compliance Penal: integración real en la organización
La entrevista también pone el foco en el Compliance Penal, una de las áreas centrales de Crimcore Counsel. Miguel Gadea insiste en que un programa de cumplimiento no resulta eficaz por su mera existencia formal, sino por su capacidad para integrarse de manera natural en el funcionamiento ordinario de la empresa.
Desde su perspectiva, un buen sistema de Compliance debe apoyarse en prácticas coherentes con la cultura corporativa y estar plenamente conectado con la operativa diaria. Es decir, no basta con diseñar protocolos sobre el papel: la clave está en que la organización los asuma, los entienda y los aplique de forma efectiva.
Ese enfoque práctico y preventivo es, precisamente, uno de los ejes de Crimcore Counsel reivindica en su propuesta de asesoramiento, especialmente en entornos empresariales donde la anticipación resulta decisiva para evitar conflictos futuros.
Preguntado por el deterioro de España en los índices de percepción de la corrupción, Gadea califica el dato de preocupante y apunta a la necesidad de reforzar la profesionalización en la Administración pública.
Su planteamiento pasa por apostar por perfiles técnicos y solventes en puestos clave, reduciendo el peso de criterios políticos en determinadas responsabilidades estratégicas y facilitando, además, los medios necesarios para un ejercicio riguroso de la función pública.
Frente a ello, destaca que en el ámbito privado existe una concienciación cada vez mayor respecto de la tolerancia cero frente a la corrupción, en gran medida por el elevado impacto legal, reputacional y económico que puede tener cualquier incumplimiento
Otro de los asuntos abordados es el desarrollo de los canales de denuncia y la protección del denunciante. Miguel Gadea enmarca esta evolución en la transposición de la Directiva europea a través de la Ley 2/2023, y considera que la experiencia del sector privado demuestra que estas herramientas pueden funcionar correctamente cuando van acompañadas de una verdadera labor formativa y de sensibilización interna.
En su análisis, el éxito de las instituciones vinculadas a esta materia dependerá en gran medida de su visibilidad pública, de la confianza que generen y de la claridad con la que se expliquen sus funciones y utilidad práctica.
La posible reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la atribución de la instrucción penal al Ministerio Fiscal también aparece en la entrevista. En este punto, Gadea se muestra prudente y considera que el contexto actual no es el más adecuado para abordar una modificación de ese calado.
Además, reivindica el funcionamiento del modelo vigente y pone en valor la profesionalidad e independencia demostradas por los jueces, un elemento que considera especialmente positivo para el sistema y para la confianza de la sociedad en la administración de justicia.
Ya en la recta final de la conversación, Gadea se refiere al avance de los delitos tecnológicos y al impacto de la inteligencia artificial en el ámbito penal. Su diagnóstico es claro: cada vez más conductas fraudulentas se articulan mediante herramientas tecnológicas, mientras que los delincuentes operan en ocasiones con ventaja respecto de ciudadanos e incluso de las propias fuerzas y cuerpos de seguridad.
Por ello, defiende la necesidad de reforzar los recursos técnicos y humanos disponibles para investigar este tipo de conductas e identificar a sus responsables. A su juicio, combatir eficazmente estos fenómenos resulta esencial para evitar una peligrosa sensación de impunidad.
En relación con la inteligencia artificial, advierte además de un reto añadido: la progresiva dificultad para distinguir entre contenidos auténticos y manipulados. Audios, vídeos y otras evidencias digitales exigirán cada vez más análisis periciales especializados, lo que anticipa nuevos desafíos probatorios para el proceso penal.
Sobre el futuro de la firma, Miguel Gadea explica en Law and Trends que el objetivo de Crimcore Counsel pasa por crecer de manera sostenible, sin renunciar a la identidad propia de una boutique especializada.
La dimensión internacional figura entre los vectores estratégicos del despacho, aunque siempre bajo una misma premisa: construir una red de colaboradores y asociados en el extranjero capaz de trabajar con los mismos estándares de excelencia, calidad y especialización que definen al proyecto desde su origen.
Crimcore Counsel, ante un entorno penal cada vez más exigente
La entrevista publicada por Law and Trends refuerza el posicionamiento de Crimcore Counsel en un momento en el que el Derecho Penal Económico, la responsabilidad de directivos, el Compliance y la criminalidad tecnológica ocupan un lugar cada vez más relevante en la agenda jurídica y empresarial.
La intervención de Miguel Gadea deja una idea de fondo muy clara: en un entorno de riesgos crecientes, las organizaciones necesitan asesoramiento técnico, capacidad preventiva y estrategias jurídicas diseñadas con precisión.
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